El desarrollo social es un proceso
de mejoramiento e igualación de las condiciones generales de bienestar de la
población que permite una mejor calidad de vida y la reducción significativa en
las brechas existentes en las dimensiones económica, social, ambiental,
política y cultural, en particular, en aspectos como alimentación, salud,
educación, vivienda, empleo, salarios y seguridad social, entre otros.
El desarrollo social también se
conceptualiza como un camino de progreso hacia niveles de vida más elevados
como los parámetros correspondientes a sociedades de mayor desarrollo, con una
mayor igualdad de oportunidades y la consecución de los derechos humanos
básicos. Aunque se acepta que el desarrollo social debe adecuarse a las
condiciones socioeconómicas específicas de cada país, también existen algunos
umbrales internacionales considerados “metas sociales deseables”.
Si bien existen diferentes interpretaciones,
generalmente el logro del desarrollo social supone la disminución de la pobreza
y la desigualdad en el ingreso. El desarrollo social también implica una
valoración de los aspectos positivos a diferencia de los conceptos que destacan
la parte negativa o de rezagos sociales como los de pobreza, marginación,
exclusión o desigualdad. Este es un cambio de enfoque al poner el acento en las
mejores condiciones de vida, absolutas o relativas.
En el marco del enfoque de los
Derechos Humanos de segunda generación, establecidos en el Pacto Internacional
los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), se encuentran los
derechos al trabajo, la formación de sindicatos, la seguridad social, la salud,
la alimentación, la educación primaria y secundaria gratuita, el vestido, la
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios para lograr
una vida digna. La mayoría de estos derechos se pueden ubicar en el espacio
geográfico aunque no siempre existe la información necesaria para elaborar esta
representación. Con el reconocimiento jurídico de estos derechos sociales, así
como su cumplimiento se consolida la noción del Estado Social de Derecho.
En el proceso de consecución del
desarrollo social el papel del Estado resulta fundamental como promotor y
coordinador de las acciones de los actores sociales, públicos y privados. El
Estado adquiere un papel central para garantizar los mecanismos de
redistribución de la riqueza social hacia los grupos sociales y los espacios
geográficos que se encuentran en desventaja o al margen de los beneficios del
desarrollo. Este rol es estratégico frente a las desigualdades socioeconómicas
históricas o coyunturales que, combinadas en el tiempo, producen brechas
geográficas que limitan las opciones para mejorar la calidad de vida de la
población y afectan el desarrollo nacional.
Para algunos autores, el desarrollo
social, es decir, “el proceso de promoción del bienestar de las personas –se
debe dar- en conjunción con un proceso dinámico de desarrollo económico” (Midgley,
1995). El crecimiento económico se asume entonces como una condición necesaria,
aunque no suficiente, para alcanzar el desarrollo social. Y también se llama la
atención sobre la calidad de dicho crecimiento, en el sentido de que éste sea
incluyente, equitativo y que contribuya al desarrollo social, asimismo se
incorpora su carácter sustentable.
En México, los derechos sociales
fundamentales están establecidos en la Constitución Política de 1917, en
particular en los artículos 3°, 4°, 25 y 123, así como en las sucesivas
reformas a la protección social. No obstante, hay discusión sobre la forma de
garantizar el cumplimiento de tales derechos y sobre los umbrales mínimos
correspondientes a cada uno de ellos. En los términos de la Ley de Desarrollo
Social del Distrito Federal, Artículo 3, Fracción VI, el desarrollo social “es
el proceso de realización de los derechos de la población mediante el cual se
fomenta el mejoramiento integral de las condiciones y calidad de vida” (Gaceta
Oficial DF, 2000).
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